La efectuación del territorio en un caso de toma de tierra en Córdoba, Argentina

Resumen

En esta investigación se estudia la efectuación de territorios en el conflicto por toma de tierra en Cura Vasco, Córdoba, Argentina. El territorio se efectúa en la intersección entre dispositivos de poder y estrategias de los sujetos en lucha. Analizando el discurso de trece entrevistas en profundidad, hemos encontrado que el dispositivo que allí opera es el político-administrativo, que a su vez emerge como estrategia de los sujetos en lucha. El territorio que se efectúa se caracteriza por ser intervenido: por el control de las relaciones sociales y los procesos organizativos para fines de reproducir la estatalidad.

Introducción

En las últimas décadas se han profundizado los conflictos por el acceso a la tierra en América Latina en general, y en Argentina en particular. Más puntualmente, en la provincia de Córdoba los conflictos por el territorio han asumido un lugar protagónico como efecto de una matriz de producción basada en los commodities (Svampa, 2013) y de la especulación financiero-inmobiliaria () que excluye a amplios sectores de la sociedad del acceso a la tierra. Así, a partir de 2011 se comenzaron a desarrollar en Córdoba diversas experiencias de toma de tierra que dan cuenta de la lucha por el territorio. Esta investigación se centra en la toma de tierra de Cura Vasco¹ en la ciudad de Córdoba, a fin de indagar qué tipo de territorio se configura en el marco del conflicto.

En la revisión de antecedentes sobre los análisis del territorio² se han encontrado tres perspectivas de interés para esta investigación. La primera refiere al enfoque marxista, que aborda el territorio inscribiéndolo en el marco de relaciones capitalistas. El territorio no puede ser comprendido por sí mismo, sino como parte de un todo (Cobos, 1997; Lefebvre, 1976; Harvey, 2004; Loureiro, 2000):

Para autores como Harvey (2004), el territorio es la resultante de los modos en que el capital resuelve sus crisis de excedentes de dinero y de fuerza de trabajo. La diferenciación geográfica es una condición necesaria para que se produzca la acumulación del capital. La producción del espacio y la urbanización son vías principales para la absorción del capital excedente. El capital, en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal, crea necesariamente un paisaje físico a su propia imagen y semejanza, para luego destruirlo. Esta es la historia de la destrucción creativa inscrita en la evolución del paisaje físico y social del capitalismo.

Por otra parte, encontramos las perspectivas culturales (Giménez, 1999; Elías, 2006; Gottman, 1973), que se caracterizan por recuperar la importancia de la interacción y las construcciones simbólicas como elementos claves de la configuración territorial.

Esta perspectiva se enfoca en la vinculación entre los procesos de significación y la identidad que construye territorios. Así, los territorios se clasifican de acuerdo a la proximidad percibida por los sujetos y el trascendente papel que revisten para la definición de la propia identidad. El territorio constituye por sí mismo un “espacio de inscripción” de la cultura y, por lo tanto, equivale a una de sus formas de objetivación.

El concepto que articula el análisis en este texto es el de cultura. Esto supone señalar que existe solo una cultura e inhabilita la indagación en torno a las culturas en plural, aun dentro de la misma sociedad. El plural permite dar cuenta de las relaciones de poder que se dan entre diversas culturas, donde aquella hegemónica se presenta como única. Por último, el concepto de identidad supone una producción acabada y por ende inmóvil de los individuos. De esta manera, se obtura conceptualmente la posibilidad de conocer la vinculación que se construye entre sujeto y territorio, donde la producción es recíproca e implica un complejo proceso de coproducción.

En tercer lugar, hemos encontrado la perspectiva brasilera (Mançano, 2013, 2008, 2009; Porto-Gonçalves, 2015, 2009), la cual recoge el alcance de la subjetividad. En otras palabras, asume que los procesos subjetivos nunca se encuentran desterritorializados y que tanto la desterritorialización como la territorialización importan profundos procesos de apropiación-desposesión no solo de un recurso material sino además de la subjetivación. Así, se enfatiza un proceso siempre dinámico de lucha por el territorio que redunda en luchas por la constitución de los sujetos sociales.

De este modo recuperan el aporte marxista al señalar que no podemos concebir al territorio sin conflicto. Las disputas territoriales se dan siempre a través de un conflicto que “nunca es abstracto y es inherente a las relaciones sociales y de poder” (Porto-Gonçalves, 2015, p. 251).

Esta última perspectiva presenta elementos eclécticos y brinda mayores herramientas analíticas para esta investigación.

Hasta aquí nuestra revisión de algunos antecedentes sobre el abordaje de los territorios. Ahora es preciso recuperar los aportes sobre la especificidad del estudio de los conflictos.

En Argentina, como en el resto de América Latina, la irrupción de múltiples conflictos no son -al menos no prioritariamente- la expresión de un ensanchamiento de la esfera pública y de profundización democrática, sino que remiten a formas de dominación que hacen de la vida una “vida imposible”. Estos conflictos denuncian la opresión y la violencia del sistema desde lo cotidiano y ordinario (Ciuffolini, 2008).

Entre todos los conflictos, aquellos por la tierra y la vivienda potencian y remarcan el conjunto de relaciones de poder que efectúan el territorio urbano como un todo. El estudio del poder debe comenzar desde abajo en su heterogénea y dispersa microfísica, a fin de dar cuenta de sus manifestaciones específicas en distintos emplazamientos, así como también las articulaciones que entre ellas se dan y que producen configuraciones sociales más amplias y persistentes. Esta prioridad otorgada al análisis micro debe ser entendida como una perspectiva, más que una realidad circunscrita en un nivel, pues el objetivo del análisis es mostrar los dispositivos y estrategias que conforman el funcionamiento del poder (Ciuffolini, 2013).

Así, el estudio de los conflictos sociales permite conocer los modos actuales de dominación y las resistencias y luchas que se erigen para enfrentarlos. Como se ha señalado, los conflictos por el territorio han asumido una importancia fundamental en América Latina, en especial los procesos de toma de tierra.

La toma de tierra es, sin duda, una acción política que nos interpela y se erige como instancia subversiva del orden dado; es quizá la forma de acción política y resistencia más arriesgada y sacrificada de los últimos tiempos. Tomar la tierra es una acción colmada de significados respecto de la vida, de los derechos y del modo de entender la igualdad. En consecuencia, es una forma de acción que violenta tanto los sentidos instituidos, como las formas y alcances de la acción política, de la propiedad (Ciuffolini, 2017).

En síntesis, para el estudio propuesto del conflicto por el territorio hemos partido de los siguientes supuestos:

Que los conflictos por el territorio están atravesados por las discusiones respecto de las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales en una comunidad o región. Que los conflictos por el territorio, en su conjunto y en su relación, expresan dinámicas y tensiones estructurales respecto de las formas en que el capitalismo organiza los espacios y los cuerpos.

Emerge entonces el territorio como espacio en disputa, efectuado por sujetos sociales antagónicos que lo resignifican, lo habitan, lo trasforman y lo recrean de acuerdo a sus intereses y modos de vida (Wahren, 2012).

Hemos propuesto, entonces, que el territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos de poder y de disposiciones sociales que, a partir de la concurrencia de relaciones de fuerza desplegadas en torno al control y la protección de los bienes comunes, configuran sujetos y campos de comportamiento posibles (Ciuffolini, 2011).

Los dispositivos de poder organizan la experiencia del presente, pues es a partir de ellos que se efectúan los territorios y los sujetos. Esos dispositivos regulan las posibilidades de agencia y los límites para la acción en tanto fijan fronteras a los comportamientos posibles. Su operatoria se despliega como un campo de posibilidades que incitan y/o propician determinadas decisiones y acciones, al tiempo que inhiben y/o prohíben otras. Así, los dispositivos se efectúan en la unión de elementos heterogéneos: discursos, instituciones, diseños arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, entre otras que puedan configurarse y articularse (Foucault, 1994) destinadas a la regulación y control de las acciones de los sujetos.

Al mismo tiempo, frente al despliegue de los dispositivos de poder se configuran resistencias y luchas que los tensionan (Murillo, 2014). El concepto de efectuación (Deleuze, 1994) supone entender las configuraciones que se producen por las relaciones de poder como efectos siempre inacabados: es en la tensión entre la fuerza configuradora del poder y las resistencias que se le oponen, donde reside como posibilidad, la agencia. Proponer desde esta perspectiva el abordaje de la configuración de territorios implica reconocer su (re)producción cotidiana al tiempo que recupera la potencia creadora de los sujetos. Permite dar cuenta de las configuraciones del poder, pero a su vez señala sus contestaciones en términos de resistencias cotidianas.

En definitiva, la doble dinámica de hacer posible y de control con que operan los dispositivos, habilita un juego de acciones y decisiones discrecionales. Así pues, los dispositivos son, por un lado, marcos que permiten la creatividad e innovación que requiere la sociedad presente () y, por el otro, establecen los márgenes de las acciones y decisiones posibles de modo tal que las mismas sean manejables y gobernables (Ciuffolini, 2010).

Se ha propuesto entonces que el territorio es una efectuación de poder y que, por tanto, puede asumir múltiples formas y características. En su efectuación se despliegan y contraponen dispositivos de poder y estrategias de los sujetos en lucha.

Las estrategias son entendidas como las prácticas desarrolladas por los colectivos en el marco de una disputa agonal que se presenta como un juego de posiciones. Se enfrentan y se oponen directamente al despliegue de los dispositivos de poder y al gobierno de los sujetos, poblaciones y territorios. Estrategia designa los procedimientos utilizados en un enfrentamiento con el fin de privar al adversario de sus medios de combate; se trata entonces de los medios destinados a obtener la victoria, la elección de soluciones “ganadoras” (Foucault, 1988). En las estrategias es posible encontrar potencia para la creación de territorios. En este marco, la lucha es el enfrentamiento directo entre diversos sujetos sociales (De Certeau, 1996), un momento del conflicto donde la tensión devino en contienda o disputa. Se trata de la planificación de acciones de manera metódica en virtud de un escenario conflictivo percibido.

En resumen, en este artículo se indaga qué territorio se efectúa a partir de la intersección entre los dispositivos de poder y las estrategias de los sujetos en lucha. A partir del análisis de las entrevistas en profundidad hemos encontrado que el principal dispositivo de poder que opera en este conflicto es el político-administrativo. Refiere a la articulación de diversos actores sociales e instituciones -específicamente, la Iglesia católica- que administra el proceso organizativo para controlar los niveles de conflictividad. De este modo, la Iglesia católica se inserta dentro de un dispositivo político-administrativo más amplio que supone la reproducción de la estatalidad.

Por su parte, los sujetos en lucha conciben la articulación con dicha institución como una estrategia para el acceso y protección del territorio conseguido. En otras palabras, la intervención de la Iglesia católica, en el caso analizado, presenta una polisemia: como dispositivo de poder político-administrativo que controla y desvitaliza el proceso organizativo, y como estrategia de los sujetos en el marco del conflicto.

Hemos arribado a la conclusión de que el territorio que se efectúa donde intersecta el dispositivo político-administrativo y la estrategia de los sujetos en lucha de articulación con instituciones, es un territorio intervenido. La efectuación de territorios intervenidos se caracteriza por el control de las relaciones sociales y los procesos organizativos a fin de reproducir la estatalidad y evitar el conflicto social.

Así, a continuación se presenta el conflicto estudiado y las principales decisiones metodológicas asumidas. Mientras que en el segundo apartado del artículo se indaga en el funcionamiento del dispositivo político-administrativo para, en el tercer apartado, exponer la estrategia de articulación con instituciones. Finalmente, se esboza la propuesta de que la característica principal del territorio que se efectúa es de intervención.

Historia del conflicto por la tierra en Cura Vasco y decisiones metodológicas

A nuestro entender, la emergencia de las tomas de tierra en Argentina solo puede interpretarse acabadamente si se las inscribe en el marco de un proceso más amplio: la concentración de la propiedad de la tierra y de los negocios de la tierra rural y urbana, cuyas consecuencias han sido, por una lado, la expulsión del campesino de sus tierras, con el consecuente éxodo hacia las ciudades. Por el otro, los procesos de fragmentación de las ciudades en los que la inversión y el negocio inmobiliario vuelven inaccesible la tierra para amplios segmentos de la población, lo cual reduce el espacio de habitar. Las consecuencias se ven en materia de hacinamiento y de localización de los sectores populares en terrenos depreciados, contaminados y desprovistos de servicios (Ciuffolini, 2017).

Así, hay un conjunto de factores que hacen del acceso a la tierra en la provincia de Córdoba un problema: por una parte, un aumento en la presión por la tierra: la expansión de las fronteras productivas supone la ampliación de la base territorial hacia áreas periféricas para incluir nuevos espacios para la actividad agroindustrial () e inmobiliaria (Saccucci, 2017b). Ha emergido de esta forma un urbanismo flexible que ha dejado abierto un espacio de negociación entre la autoridad territorial, los inversionistas y los agentes de desarrollo.

Por otra parte, se observa un déficit habitacional estructural en la provincia de Córdoba. La desigualdad en el acceso a la tierra es un problema estructural que se ha agravado en el último tiempo por las características del modo de producción. Los datos del último censo señalan que la provincia cuenta con un déficit habitacional de casi el 50% de los hogares³ (Colectivo de Investigación El Llano en Llamas, 2013).

Por último, la ejecución de políticas que favorecen la inversión del capital inmobiliario: un conjunto de programas públicos de vivienda han agravado la segregación socioterritorial en la ciudad con el otorgamiento del uso del suelo a la inversión y el desarrollo urbano de carácter privado⁴ (; ). Las estadísticas indican que en la actualidad existen 238 asentamientos en la provincia, y que entre 2001 y 2010 se registró un fuerte crecimiento poblacional (62%) de los ya existentes. Del total de los asentamientos, 119 se encuentran en la ciudad de Córdoba (). Esto da cuenta de la desigualdad en el acceso a la tierra, lo cual excluye a los sectores populares y prioriza el desarrollo urbano privado mediante diversas políticas públicas.

En este contexto, se desencadenan en Córdoba diversos procesos de “toma de tierra”. Las tomas de tierra emergen como un fenómeno social sumamente relevante, ya que son la expresión de numerosas desigualdades y procesos de exclusión de grandes grupos poblacionales de las dinámicas de mercado y del Estado.

Cuando un grupo de familias comienza a organizarse con el objetivo de ocupar tierras, desarrolla un conjunto de procedimientos que definen una metodología de lucha popular. Tales experiencias tienen su lógica construida en la práctica y en la indignación y la revuelta, la necesidad y el interés, la conciencia y la subjetividad, la experiencia y la resistencia, sus componentes constitutivos: tierra para trabajarla en lugar de tierras para el comercio y la explotación, el movimiento y la superación (Mançano, 2008).

En este contexto debe ser comprendida la toma de Cura Vasco⁵ que se desarrolló en el barrio Ciudad Obispo Angelelli II.⁶ Si bien hay una cierta diversidad de trayectorias de vida en la toma de tierra, la mayoría de las familias provienen de un proceso de toma anterior en el barrio Nuestro Hogar IV-Pueblos Unidos. Las 32 familias que realizaron la toma de tierra tienen diversas procedencias: en su mayoría se trata de peruanos, seguidos por bolivianos y una minoría de argentinos procedentes del propio barrio ciudad o bien de provincias como Chaco y Formosa. Estos últimos se sumaron en el momento mismo de la toma.

En 2011 un grupo de nueve familias de Pueblos Unidos⁷ decidieron abandonar sus hogares como consecuencia de la contaminación de la tierra para buscar nuevos lugares donde instalarse. A través de contactos con un cura del barrio llegaron a dialogar con Cura Vasco⁸ por los terrenos pertenecientes a la iglesia en el barrio Ciudad Obispo Angelelli. A partir de las conversaciones resolvieron que aquellas tierras que le pertenecían a la iglesia serían transferidas a estas familias.

Cura Vasco entabló diálogos con la policía de la zona y les trasmitió una lista de las familias que allí se localizarían para evitar conflictos. Esta lista fue de gran importancia debido a que definía quiénes estaban legitimados para acceder a la tierra, excluyendo a otras familias que se habían ido acercando. Como se verá más adelante, la Iglesia, a través de diversos actores, se posicionó como mediadora entre las demandas de los vecinos y el Estado, por medio de su contención y de establecer límites entre lo “permitido y lo no permitido” donde la medida eran los resultados de la negociación con el Estado.

Las familias, en conjunto con algunos miembros de la Iglesia y de la Universidad Católica de Córdoba, decidieron aceptar las disposiciones de loteo del barrio ciudad. De esta manera, la manzana y media de extensión que representaba el predio fue subdividida en 32 lotes. En todo este proceso la presencia de la Iglesia católica se sostuvo a través de la participación del rector de la Universidad Católica de Córdoba, que puso a disposición estudiantes de arquitectura para dicha tarea. En particular, fue central en el proceso organizativo una alumna de arquitectura que participó de las discusiones y de las tomas de decisiones hasta convertirse en una referente del proceso.

Las negociaciones y el número de lotes disponibles posibilitaron que se sumaran familias pertenecientes al barrio ciudad -quienes compartían la vivienda con sus padres- y familias provenientes de Bolivia. Sin embargo, estas personas que se sumaban quedaban supeditadas a la conducción política de la Iglesia y de los referentes del primer grupo organizador de la toma.

Es en este contexto que funcionarios de la provincia comenzaron las averiguaciones sobre el terreno. Surgió así una situación que hasta el día de hoy es poco clara y que fue referida por los entrevistados: Cura Vasco no figuraba formalmente como dueño de esas tierras, sino que estas eran de dominio fiscal.

Esta situación tuvo origen en 2005 cuando Cura Vasco inició negociaciones con la provincia para realizar un “canje” de terrenos. Mientras que Cura Vasco cedía sus tierras en Angelelli donde se construiría el barrio Ciudad Obispo Angelelli, la provincia le otorgaba otros terrenos adyacentes, de propiedad fiscal. Sin embargo, el traspaso no siguió su curso, lo que dio como resultado la situación mencionada.

Así, en cuanto a la perspectiva legal, la situación se modificó radicalmente pues ya no se trataba de una transferencia voluntaria de terrenos sino, más bien, de una toma de tierra fiscal. En este nuevo contexto, mediante mesas de negociación, los vecinos, miembros de la Iglesia y el Estado provincial acordaron el traslado de las familias a la “manzana y media”, sin posibilidades de expandirse más allá del límite fijado, a pesar de la disponibilidad de tierras que estaban deshabitadas. De esta manera, el proceso popular obtuvo un cierto halo de legalidad que los preservaba del enfrentamiento que muchas otras tomas de tierra tuvieron, tanto con la policía como con el sistema judicial, pero a costo de su encorsetamiento territorial y control constante del proceso organizativo. Para los sujetos el nuevo eje de lucha sería conseguir el reconocimiento formal de la propiedad de las tierras ocupadas, es decir, su escritura.

La principal característica que vuelve interesante este conflicto es la particular relación del proceso de toma de tierra con la estatalidad, la cual no se desarrolló por medio de dispositivos estatales clásicos, sino por medio del rol “mediador” de la Iglesia católica. Como mencionamos más arriba, a partir de 2011 se suceden diversas experiencias de tomas de tierra en Córdoba. En la gran mayoría de casos, estas fueron duramente reprimidas y judicializadas para disolverlas (Colectivo de Investigación El Llano en Llamas, 2013). Sin embargo, el caso de Cura Vasco resulta interesante porque logró avanzar sobre la tierra, con bajos niveles de conflictividad relativa aunque a costo de perder el control del proceso político. Por control del proceso político nos referimos a la centralización del poder que se concentró en la Iglesia católica, en detrimento del poder decisorio de la comunidad barrial sobre el proceso organizativo, en el marco de la toma de tierra. Este control establece, en consecuencia, una desigualdad entre quienes concentran el poder de decisión y quienes han asumido “delegarlo” en pos de evitar altos niveles de exposición. De este modo, el caso resulta interesante para conocer qué dispositivos se despliegan para conseguir su apaciguamiento y control y cómo.

De allí que es posible identificar dos efectuaciones de territorios en la historia de la toma; una signada por el apego a la institucionalidad y otra caracterizada por su ruptura y el avance sobre nuevas tierras.

La segunda efectuación comenzó cuando emergieron tensiones entre los referentes “externos” al proceso, representantes de la Iglesia, sobre los caminos que debía seguir la toma de tierra, lo cual derivó en el alejamiento del referente de la Iglesia. A partir de allí, el proceso organizativo avanzó sobre una nueva porción de tierras adyacentes donde se asentaron diez nuevas familias.

Para el estudio de este conflicto se han realizado trece entrevistas en profundidad implementando la técnica de la bola de nieve. De esta manera, se ha hecho particular énfasis en contar con entrevistas a los y las principales referentes del proceso de lucha, al mismo tiempo que la técnica de bola de nieve se suspendía cuando la investigadora percibía la presencia de tensiones o voces disidentes que, de haber seguido el recorrido de la técnica de manera acrítica, habrían sido invisibilizadas.

Para esta investigación se ha optado por un procesamiento de los datos trabajando desde el paradigma de la codificación propuesto por la grounded theory de Glaser y Strauss (Soneira, 2006). Ello implicó, por lo tanto, el abordaje de los datos a partir de la emergencia de categorías “en vivo”, entrelazándolas y tensionándolas con la literatura que acompaña a nuestro objeto de estudio. Como resultante, obtuvimos una clave de interpretación de esos datos que involucra múltiples discursos: el teórico, el de los actores, y el nuestro.

Para el análisis de los datos se diseñó una estrategia de aproximación consistente en varias dimensiones. En un primer momento se procedió al análisis de contenido de los datos generados durante el trabajo de campo para luego indizar algunos elementos discursivos que pudiesen estar advirtiendo regularidades de la operatoria del poder y las formas de resistencia/lucha que producen los sujetos. En una segunda instancia se abordó el caso para dar cuenta de su particularidad y características. A partir de ello se construyeron las dimensiones que nos permitieron su análisis.

Este proceso condujo muchas veces a encontrar discursos que excedían, en todo o en parte, los marcos conceptuales, lo que exigió un ejercicio analítico consistente en un cuidadoso proceso de producción de categorías de manera tal de fundar empíricamente las interpretaciones que hemos ido elaborando. En otras situaciones esos marcos permeaban el abordaje tensionando nuestra interpretación, operando recortes específicos sobre los datos, denunciando ausencias y requiriendo la reapertura del trabajo de campo (Avalle, 2010).

La secuencialidad con que aquí se presenta el método es solo expositiva, pues este implicó un permanente desplazamiento entre el dato y la conceptualización que con él se construía. Dicha operatoria fue posible gracias a la utilización de un complejo herramental articulado en torno a nuestros objetivos de análisis.

En síntesis, se recurrió a la asistencia de la técnica de análisis de contenido que implica la lectura general de toda la documentación, la posterior segmentación e indización de los extractos sugerentes. Luego, como el mismo procedimiento de análisis que esta técnica requiere, se releyeron las selecciones para identificar los aspectos característicos que denotaban.

El dispositivo político-administrativo

A partir de la emergencia de un conflicto social se ponen en marcha diversos mecanismos y dispositivos vinculados a la estatalidad que tienen por objeto disciplinar sus reclamos y métodos. Al decir de Ciuffolini (2010), el Estado debe ser abordado a partir de sus actuaciones y de cómo estas se traducen en estructuras, instituciones y procesos que edifican las relaciones sociales. La estatalidad, más que una esencia, es un efecto emergente e inestable de un conjunto de relaciones y de permanentes estatizaciones. La estatalidad se erige como un terreno de poder y gobierno estratégicamente selectivo, en el que capacidades y actividades se organizan y localizan en distintas escalas, sujetos y con diferentes funciones, produciendo un entramado complejo de prácticas que en su conjunción, e incluso contradicciones, producen un efecto de control y gestión de los conflictos.

La estatalidad administra el conflicto a partir de particularizar/individualizar o totalizar aquello que se encuentra disputado/impugnado (Avalle, 2017). En el primer caso, el conflicto es tratado como singular y se ponen en marcha dispositivos para su apaciguamiento, mientras que, en el segundo, el conflicto se interpreta en relación con otros de tenor similar por lo que la opción es desarticularlo y convertirlo en un caso testigo. A toda esta mecánica la hemos denominado economía de los conflictos (Ciuffolini, 2010).

Al decir de , el accionar de la estatalidad puede ser entendido tanto en su acción como en su omisión frente a una determinada situación. Así, una toma de posición activa puede implicar desde iniciar la cuestión y legitimarla, hasta acelerar algunas de sus tendencias, moderar otras o bloquearla. Una toma de posición por omisión, en cambio, podría incluir desde la decisión estatal de esperar a que la cuestión y la posición de los demás actores estén más nítidamente definidas, dejar que se resuelva en la arena privada entre las partes involucradas o considerar que la inacción constituye el modo más eficaz de preservar o aumentar los recursos políticos. La estatalidad articula una diversidad de mecanismos que efectúan el dispositivo político-administrativo que intenta encauzar la conflictividad a fin de volverla manejable y administrable (Saccucciet al.2015).

Frente a los conflictos por el territorio, el Estado, en sentido estricto, ofrece una respuesta insuficiente en el mejor de los casos, y violenta y represiva en la mayoría de ellos. De esta manera pierde su función esencial de resolución de la conflictividad. El modo e intensidad con que se involucran en los conflictos por el territorio múltiples agentes de poder (iglesia, municipios, gobierno provincial y nacional, ONG, partidos políticos y “punteros”, empresarios inmobiliarios, loteadores informales, organizaciones sociales y políticas y cooperativas) dan cuenta de un juego político y económico que excede la centralidad del Estado estrictamente hablando, para dar lugar a la estatalidad en sentido amplio, es decir, a la reproducción de la lógica institucional (Ciuffolini, 2017) en la resolución de los conflictos.

La estatalidad, en sentido amplio, identifica espacios en conflicto, y establece una economía de los conflictos al delimitarlos, controlarlos y disciplinar sus pretensiones. La lucha por la regularización de las tierras supone el ingreso del conflicto dentro del dispositivo político-administrativo que impone dinámicas y lógicas a los procesos organizativos. El ingreso de estos conflictos en el dispositivo político-administrativo conlleva al aplacamiento y obturación del proceso organizativo y su capacidad creativa al reencauzarlo dentro de los parámetros de la institucionalidad ().

En el conflicto estudiado, es posible identificar dos formas organizativas en el proceso de toma de tierra. El estudio y comprensión de las formas organizativas nos permite conocer sus principios políticos, objetivos, visión de lo comunitario y las relaciones de poder que allí se establecen. Estas dos formas organizativas coexisten pero una se impone sobre la otra en diversos momentos del conflicto. La primer forma organizativa se caracteriza por la estructuración y organización en torno al apego a las regulaciones urbanísticas y la vinculación y negociación con diversas instituciones. La segunda se encuentra signada por la ruptura de esa vinculación y, por ende, con la estatalidad. En cada una se efectúa un territorio diverso ya que las relaciones que allí se producen cambian. La cita a continuación expresa la primer forma organizativa:

En este extracto se advierte el modo en el cual la estatalidad moldea el proceso organizativo: no solo en los procedimientos de acceso a la tierra, distribución, organización colectiva, toma de decisiones, sino incluso en el tamaño de los lotes. Estas características del proceso organizativo se explican por la articulación con la Iglesia católica. La articulación era percibida por las y los vecinos como una posibilidad de “conseguir la tierra” sin someterse ni exponerse a nuevas precariedades y violencias, como las vividas en la experiencia de toma que había tenido lugar en Pueblos Unidos. Se trata de la posibilidad de acceder a la tierra por medio de mecanismos que en el discurso se presentan como menos conflictivos.

Así, la Iglesia católica se inserta dentro del dispositivo político-administrativo y efectúa la estatalidad, introduciéndola en el proceso organizativo. A través de esta articulación se configuró un proceso colectivo atravesado por la búsqueda de la regularización de las tierras mediante la gestión de “los papeles” y su reconocimiento formal como “barrio”, siempre y cuando las y los vecinos aceptasen el cercamiento simbólico del predio tomado, consistente en el impedimento de la inclusión de nuevas familias en la toma de tierra, o bien, la limitación en su ampliación territorial. Desde esta perspectiva, estar reconocido como un barrio requiere contar con todas las disposiciones exigidas por los códigos urbanísticos. De ahí que la presencia de la Iglesia haya sido significada por las y los vecinos como un “apoyo” que brinda “seguridad” frente al “estar a la deriva”. Esta última supone la incertidumbre de no saber si el terreno sobre el cual se encuentran emplazados será reconocido como propio algún día. En consecuencia, insertarse dentro de los parámetros exigidos por la estatalidad requirió la toma de un conjunto de decisiones:

Estas decisiones fueron tomadas con el objetivo de favorecer el proceso de regularización de las tierras y supusieron el fraccionamiento y clasificación del territorio como mecanismos de poder. El territorio es parcelado de acuerdo a sus características: por una parte se encontraba el territorio que no respetaba los trazados en manzanas y la disposición cuadriculada de las viviendas, asumiendo la forma de “villa” y, por otro, la toma, dispuesta en su totalidad de acuerdo a los parámetros legales. Así, se incluyó en los reclamos de regularización solo la toma, y se excluyó la villa. Aquello que expresa la decisión de incluir a algunos -la toma de tierra- y excluir a otros -la “villa”- no es la forma que asume el territorio, en su sentido geográfico, sino más bien las formas de acceso a la tierra. Aquella asociada a una “villa” da cuenta de un acceso no planificado y espontáneo que efectúa el territorio. La efectuación de este territorio se comprende como la posibilidad de dar solución a la necesidad de un espacio para la vida, pero con un escaso nivel de institucionalización en lo que respecta a la inscripción de las tierras.

En el extracto que analizamos se expresa la decisión de ponderar un territorio por encima del otro, donde el criterio era la inscripción formal, por encima de la legitimidad que venía dada por la larga permanencia en el territorio. Se construyen en el discurso las dicotomías legitimidad-legalidad, informalidad-formalidad que, en este caso, expresan la tensión en torno a la inscripción del territorio en el dispositivo político-administrativo.

Este mecanismo de clasificación y fraccionamiento del territorio produjo la configuración de diversas territorialidades marcadas por un “adentro” y un “afuera” en donde la legalidad es estructurante de las demarcaciones. Así, las fronteras que se delinean establecen líneas imaginarias que dividen diversas formas de relacionamiento con la tierra y de relaciones entre los sujetos. Al mismo tiempo, la legalidad funciona como una barrera que divide los proyectos que son posibles, de los que no lo son.

Así, se genera un disciplinamiento del territorio a partir de la clara definición de sus usos posibles y las personas habilitadas a ingresar dentro del “pacto”. Este disciplinamiento tiene lugar a partir de lo que denominamos mecanismo de la estandarización de los modos de vida cuya función es la de garantizar el control del territorio. En otras palabras, el control del territorio se expresa a partir de la clasificación de los diversos modos de vida -aquellos que se ajustan a los parámetros institucionales y aquellos que se encuentran por fuera-, la ponderación de unos sobre otros y su consiguiente correlato territorial.

Es posible entonces entrever la construcción reticular del poder a partir de la intervención de diversos actores, instituciones, recursos y legitimidades sociales para la pacificación de una situación que era potencialmente conflictiva: iglesia, ministerios, gobierno provincial, policía, universidades, alumnos y cátedras, dando lugar a la producción de un territorio intervenido por la estatalidad. Esta se caracterizó por la inclusión de intermediarios en el proceso organizativo que modificaron/impusieron una lógica, forma organizativa y relaciones sociales, con la finalidad de contener y obturar la posibilidad de una escalada en el conflicto y volverlo administrable.

De este modo la voluntad popular se encuentra contenida y controlada por el rol de agentes externos que detentan los conocimientos técnicos y políticos valorados socialmente y reproducen la institucionalidad. Las palabras “bien común”, “gran familia” y “paz” se relacionan con la gestión de la conflictividad a través de estos mecanismos del dispositivo político-administrativo que controlaron el proceso. En este sentido, “el bien común” refiere a la elusión de los conflictos a partir de la reproducción de la estatalidad.

En la cita que sigue se pone de manifiesto el solapamiento entre las dos formas organizativas ya mencionadas, al punto que una es fagocitada y remplazada por la otra:

El pasaje de una forma organizativa a otra implicó una reconfiguración total de las relaciones sociales que allí se habían construido y la emergencia de territorios intervenidos. La segunda forma organizativa está asociada a ciertos adjetivos positivos tales como “vitalidad”, “autonomía”, “continua” y “cotidiana” e involucra relaciones de cotidianidad basadas en la horizontalidad entre los vecinos y vecinas. Sin embargo, esta dinámica se modificó a partir de la participación de “agentes externos”, externos en la medida en que su participación en el proceso no se encontraba relacionada con su permanencia cotidiana en el barrio en calidad de vecinos, sino más bien en cuanto a contactos personales y al poder concentrado en la sociedad.

Estos actores asumen funciones claves en el proceso de lucha como, por ejemplo, ser los interlocutores válidos frente al Estado en las negociaciones y, por ende, los intermediarios de las informaciones y decisiones. En el discurso aparecen conceptos que asumen sentido por oposición semántica: “la cotidianeidad de la organización fue remplazada por lo extraordinario”, “la continuidad por la intermitencia”, “la autonomía por la dependencia de terceros”, “la vitalidad por la debilidad y la horizontalidad por la verticalidad”. Esta última estaba asentada sobre la pertenencia de algunos de estos actores a la institución católica, lo cual les brindaba legitimidad, y a la concentración de saberes/recursos valorados por la sociedad -oratoria, contactos, capacidad de negociación, estatus y rol social.

La segunda forma organizativa, que se caracteriza por la ruptura con los parámetros y relaciones institucionales, presenta potencia de producir nuevos territorios, mientras que la primer forma organizativa impone un apego a la estatalidad que produce la desarticulación, vida individual y el territorio intervenido. En este enfrentamiento entre ambas formas organizativas, el avance de lo colectivo pondría en riesgo lo ya adquirido y en proceso de “regularización” que es el acceso a la tierra. En este punto es donde aparece “el miedo”, “la división”, “desarme” y “desarticulación”.

En esta mecánica, en la cual solo deciden algunos, aparece el miedo y la desunión en el proceso comunitario. En palabras de las y los entrevistados, se inicia un proceso de “desvitalización” que ha funcionado como mecanismo de poder del dispositivo político administrativo. Esta idea refuerza la imposibilidad de desarrollar la existencia en los términos y modos deseados, el estar compelido a vivir y ser de solo un modo, a disciplinar y reconfigurar las prácticas. En definitiva, el territorio intervenido se caracteriza por la pérdida de vitalidad, de dinamismo y de decisión, para convertirse en inmóvil, poco conflictivo, homogéneo y controlable. Esto se expresa en léxicos tales como: “miedo”, “desarticulación”, “desunión”, “desconfianza”, “descrédito en la propia fuerza transformadora”, “puteríos” y “pérdida de libertad”.

Así, la efectuación del territorio de la manzana Cura Vasco asumió, desde el comienzo, el sentido de la lucha por el reconocimiento de la legalidad del proceso y, en términos simbólicos, la búsqueda de la inclusión en el sistema legal. Al decir de Giaretto:

Es decir que, mientras que la villa da cuenta del acceso a la tierra por canales informales, por fuera de los mecanismos legitimados, Cura Vasco expresa la adaptación a la formalidad y la búsqueda de inclusión a través de la negociación.

Otra oposición léxica que da cuenta de la tensión entre las dos formas organizativas es la de “dirigencia” y “autonomía”. Este proceso de organización territorial se encuentra atravesado por la tensión en torno a la dirección del curso que asume el proceso colectivo donde solo algunos decidían. Desde este modelo organizativo, los logros obtenidos eran presentados como victorias individuales que asumían sentido en el marco de la función social desempeñada por algunos de los individuos que “dirigían el proceso” y ponían sus herramientas y contactos a disposición. A este modelo se le opone aquel que funcionaba sobre “la fuerza y cuerpos de la gente misma”, “la fe en el poder de transformar la realidad”, la comunidad que se “arriesgó, peleó, y fue artífice de sus propios logros”.

En conclusión, el ingreso del conflicto de la toma de tierra Cura Vasco, dentro del dispositivo político-administrativo implicó la reconducción del proceso colectivo popular hacia parámetros que modificaron radicalmente sus lógicas, proyecciones, dinámicas y relaciones sociales. Así, en el análisis de las entrevistas emergen diversos efectos de poder, fraccionamiento y clasificación del territorio, estandarización de los modos de vida, desvitalización, dicotomía legitimidad/legalidad y dicotomía informalidad/formalidad.

De esta manera se configura una estatalidad que no se circunscribe solamente a las divisiones administrativas, sino además a un entramado extenso que incluye diversos actores sociales. Estos reproducen una lógica que se fundamenta en el principio de la legalidad y produce territorios intervenidos que habilitan el control y economía de los conflictos sociales.

El despliegue del dispositivo político-administrativo y sus mecanismos produjo dos efectuaciones del territorio: por una parte, el territorio intervenido que supone la reconfiguración del proceso organizativo hasta estructurarlo e insertarlo en la dinámica estatal e institucional, y otro signado por la producción de un “habitar” propio, artesanal y colectivo que en su desarrollo desafía la institucionalidad. Ambas efectuaciones coexisten aunque con diversas correlaciones de fuerzas en el periodo abordado.

La articulación con instituciones como estrategia de los sujetos en lucha

La territorialidad intervenida es una efectuación de un entramado de relaciones de poder caracterizado por la articulación de diversos actores e instituciones. Estos intervienen en los procesos organizativos a través de modificar sus formas y lógicas con el objetivo de producir una economía del conflicto y el control del proceso organizativo. Sin embargo, la presencia de las instituciones también aparece en el discurso de las y los entrevistados bajo una mirada estratégica. Es decir, como las vinculaciones y relaciones que los sujetos han desarrollado y afianzado a fin de generar protección en un contexto conflictivo:

En este extracto se señala la relación con la Iglesia como un elemento clave que sentó las bases de las condiciones de acceso a la tierra. Desde esta perspectiva, la relación con esta institución resulta fundamental para evitar la conflictividad. A pesar de que las tierras no eran propiedad de la Iglesia, esta ofició de mediadora en el proceso brindándoles protección incluso frente a la policía. Así, la policía pasó a convertirse en “fiscalizadora” del proceso de ocupación ya que manejaba una lista con las personas aprobadas por Cura Vasco para ocupar cada una de las parcelas. La policía se encargaba de “pasar lista” todos los días y verificar la identidad de los ocupantes.

Para las familias esto tenía un doble beneficio: evitar la conflictividad presente en otras tomas de tierra y, al mismo tiempo, proteger el terreno propio de otros ocupantes mientras ellos aún no vivían allí. La vinculación con estas dos instituciones le brindaba a la toma un halo de legalidad.

La presencia de la Iglesia católica presenta una polivalencia en el discurso. En tanto dispositivo político-administrativo que encorseta el proceso organizativo y lo constriñe, pero también como estrategia de protección por parte de las familias que buscan resolver su necesidad habitacional. Protección frente a las exposiciones de estas poblaciones a la represión policial, judicialización y presiones. De esta manera, la articulación ha funcionado como estrategia que permitió reducir la precariedad a partir de crear marcos de alianzas.

Territorios intervenidos

Los territorios se configuran en la intersección de los dispositivos de poder y las estrategias de los sujetos en lucha. En el caso de Cura Vasco hemos encontrado que el principal dispositivo desplegado es el político-administrativo que refiere a la articulación de diversas instituciones y actores sociales que reproducen la estatalidad y el apego a las pautas institucionales. En este caso particular, la Iglesia es el actor que interviene en el conflicto y reconfigura el proceso organizativo y las relaciones sociales a partir de la lógica del control.

Los territorios intervenidos son aquellos en los cuales las dinámicas de las relaciones sociales y las formas de acceso a la tierra se encuentran atravesadas por la estatalidad. Se trata de procesos organizativos que se caracterizan por la primacía de las pautas legales en todo el proceso de construcción y toma de decisiones.

En el caso analizado, se registra un conflicto constante entre dos efectuaciones territoriales: por una parte, aquella reproducida por el dispositivo de la estatalidad basada en el control “externo” del proceso organizativo y político, donde el poder se encuentra concentrado en los representantes de la Iglesia, quienes administran el proceso organizativo para evitar que se configure como un conflicto social. Para ello, se despliegan diversos mecanismos de poder que producen el disciplinamiento del proceso, encorsetándolo al conducirlo hacia la lógica institucional.

Así, la posibilidad de construir y moldear el territorio y de desarrollar procesos colectivos se encuentra contenida por la lógica institucional. Esta controla el proceso de lucha a partir de desestructurar los intentos organizativos y de autonomía por parte de los sujetos en cualquier instancia. Se efectúa la oposición habitar-hábitat donde el primero expresa la importancia de producir el territorio de acuerdo a las necesidades y proyectos colectivos, de acuerdo a las características de los sujetos que allí habitan y que trasciende la posesión de la casa propia y, por otro lado, el hábitat (Núñez, 2013) que señala la consecución de la vivienda como el logro máximo, desconociendo los procesos de apropiación que los sujetos desarrollan.

El territorio intervenido se encuentra fraccionado, se establecen demarcaciones y fronteras simbólicas que delinean y lo separan de otros tipos de territorios. Este proceso de fraccionamiento se basa en la clasificación de las poblaciones y sus modos de vida al valorizar unos por encima de otros.

De esta manera, estos procesos de lucha son poco conflictivos y garantizan el acceso a la tierra y bajos niveles de exposición, pero la posibilidad de apropiación y moldeado del territorio se encuentra mediada por el dispositivo político-administrativo. La estatalidad es reproducida por instituciones que se involucran en el conflicto y lo contienen.

La presencia de la Iglesia católica en el conflicto no solo emerge como parte del dispositivo de poder político administrativo que supone la reproducción de la estatalidad a fin de administrar el conflicto sino que, además, se presenta como una articulación estratégica por parte de los sujetos en lucha. Se trata de la polivalencia del funcionamiento de las instituciones que hace posible que sea percibida como una estrategia. Esta les ha permitido el acceso a la tierra de un modo “protegido” y escasamente conflictivo pero con el costo de introducirlo dentro de este dispositivo. El despliegue del dispositivo político-administrativo supone, a su vez, la introducción del control entre vecinos como condición para mantenerse protegidos.